Ante los rumores que sugieren que el gobierno nacional podría excluir a Río Negro de la licitación de las represas hidroeléctricas del Comahue, el gobernador rionegrino decidió viajar a Buenos Aires para proteger los derechos provinciales sobre las mismas. Su objetivo es asegurar la participación de la provincia en el proceso licitatorio y garantizar una gestión federal que beneficie a las comunidades locales.
El mandatario fundamenta su reclamo en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales en su territorio. Según trascendió, el pliego licitatorio elaborado por el Gobierno Nacional no contempla participación accionaria para las provincias, limitándose al cobro de un canon por el uso del agua, lo que ha generado preocupación y rechazo en las administraciones provinciales.
Durante la reunión con funcionarios del Ministerio de Economía, expresó su descontento por la exclusión de sus provincias en la gestión de las represas. Aunque se mostró abierto al diálogo, advirtió que, de no modificarse los términos de la licitación, podría recurrir a acciones legales para hacer valer sus derechos constitucionales sobre los recursos hídricos.
El encuentro concluyó sin acuerdos concretos, estableciéndose un cuarto intermedio para continuar las negociaciones. Mientras tanto, el tiempo apremia, ya que el plazo para la presentación de ofertas en la licitación vence en breve, y las provincias buscan asegurar su participación en la gestión de recursos estratégicos para su desarrollo económico y energético
Este conflicto pone de relieve las tensiones entre el Gobierno Nacional y las provincias patagónicas respecto al control y aprovechamiento de los recursos naturales, y plantea interrogantes sobre el federalismo y la distribución equitativa de los beneficios derivados de la explotación de bienes comunes.
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