Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Senado convirtió en ley la iniciativa que garantiza y actualiza fondos para las universidades nacionales. El proyecto, redactado por el Consejo Interuniversitario Nacional, eleva el presupuesto al 1% del PBI.
La medida obtuvo un amplio respaldo de bloques opositores como Unión por la Patria, la UCR, parte del PRO y senadores provinciales. En cambio, el oficialismo de La Libertad Avanza votó en contra, junto con algunos aliados, al rechazar el aumento del gasto previsto en la norma. Pese a las diferencias políticas, la mayoría de los legisladores coincidió en la necesidad de garantizar la continuidad de la educación superior pública.
El texto establece una recomposición presupuestaria desde mayo de 2024 y un mecanismo de actualización bimestral en función de la inflación, además de fondos adicionales para hospitales universitarios, investigación científica y actividades de extensión. También prevé que en 2025 se incorporen al salario básico todas las sumas no remunerativas que perciben docentes y no docentes.
El debate en el recinto incluyó posiciones encontradas. Mientras senadores opositores destacaron que la universidad pública es un pilar de desarrollo y movilidad social, desde el oficialismo se criticó el proyecto por considerarlo electoralista y generador de déficit fiscal. Con la sanción, la Auditoría General de la Nación deberá controlar la ejecución de los recursos y reportar al Congreso.






