El Tribunal Oral Federal que juzgará a Cristina Fernández de Kirchner en la llamada «Causa Cuadernos» aceptó como prueba clave las confesiones de 25 imputados arrepentidos, entre ellos empresarios y exfuncionarios kirchneristas.

El tribunal a cargo del juicio oral por la Causa Cuadernos dio un paso decisivo: aceptó como prueba formal las confesiones de los empresarios y exfuncionarios que admitieron haber pagado o recibido sobornos. La medida complica la situación procesal de Cristina Kirchner, principal acusada, señalada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales. Aunque la validez definitiva de esas declaraciones se determinará durante el juicio, su incorporación representa un avance significativo en la causa.

El fallo, de 244 páginas, fue firmado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Incluye los legajos de 25 «imputados colaboradores», entre los que se encuentran figuras clave del mundo empresarial y político. Esta decisión neutraliza en parte la estrategia de algunas defensas que habían solicitado anular las confesiones, argumentando que fueron obtenidas bajo presión durante la instrucción del caso.

El fiscal del juicio será Fabián León, quien tendrá la responsabilidad de evaluar la legalidad de posibles acuerdos con los empresarios arrepentidos. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, ya adelantó que se opondrá a cualquier intento de conciliación. Mientras tanto, un grupo de empresarios busca evitar el juicio ofreciendo una reparación económica que rondaría los 40 millones de dólares.

Entre los 25 arrepentidos cuyas confesiones fueron admitidas, figuran nombres como Oscar Centeno (el exchofer que originó la causa con sus cuadernos), Carlos Wagner, Aldo Roggio, Claudio Uberti y José López. También se incluyen empresarios de peso como Enrique Pescarmona y Ángel Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Todos ellos admitieron su participación en el entramado de sobornos que, según la acusación, operó durante años dentro del aparato estatal.