El Juzgado Contencioso Administrativo N°6 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño ofrecer un método alternativo de control de asistencia a un empleado que se negó a entregar sus datos biométricos.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso una medida precautelar que frena la implementación del sistema de reconocimiento facial para el control de asistencia en el Palacio Lezama. La resolución fue dictada por la jueza Patricia López Vergara, del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°6, tras el reclamo de un empleado público que se negó a entregar sus datos biométricos.

El amparo fue presentado por el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien solicitó que se declare la ilegalidad del nuevo sistema por considerar que vulnera la Ley de Protección de Datos Personales. Según la presentación, la medida impuesta por el Gobierno porteño reemplazó los registros por huella digital por un sistema de reconocimiento facial sin garantizar consentimiento libre ni transparencia sobre el uso de la información recopilada.

El trabajador afectado denunció que, tras la desactivación del sistema de huella digital el 30 de septiembre, no pudo registrar su asistencia y se le computó una ausencia injustificada. La jueza, al evaluar el caso, ordenó restablecer la posibilidad de registrar el presentismo mediante huella dactilar o número de DNI, mientras se analizan los antecedentes y la legalidad del nuevo sistema.

Además, el fallo intimó al Gobierno de la Ciudad a informar en un plazo de diez días qué normativa avala el uso del reconocimiento facial, si se realizó una evaluación de impacto en la protección de datos y si la base fue debidamente registrada. La magistrada advirtió que el incumplimiento de la medida implicará multas diarias de $10.000 al funcionario responsable. Según Baldiviezo, esta decisión constituye “un precedente clave en la defensa de la privacidad y los derechos laborales”.