La aplicación del protocolo antipiquetes anticipa una jornada de fuerte confrontación política y social en medio del debate por la reforma laboral.

La decisión del Gobierno de desplegar el protocolo antipiquetes durante la movilización de la CGT profundizó la tensión con el sindicalismo, que prepara una marcha masiva contra la reforma laboral. Desde el oficialismo aseguran que la medida apunta exclusivamente a preservar el orden y evitar interrupciones en la vía pública.

Funcionarios nacionales remarcaron que la protesta podrá desarrollarse sin inconvenientes siempre que no se produzcan cortes de calles o accesos estratégicos. El mensaje oficial apunta a mostrar firmeza frente a las manifestaciones y sostener una política de control del espacio público.

Para la CGT, la movilización es una señal de alerta ante lo que consideran un avance sobre derechos laborales históricos. La marcha se perfila así como una prueba clave del poder de convocatoria sindical y un nuevo capítulo en la relación conflictiva entre el Gobierno y las organizaciones gremiales.