El eventual ascenso de Delcy Rodríguez bajo supervisión extranjera despierta fuertes controversias en Venezuela. Sectores del oficialismo consideran que se trata de una intromisión directa en la soberanía del país, mientras que parte de la oposición observa el esquema con cautela, al entender que no garantiza por sí solo un cambio profundo del modelo político vigente.

Analistas señalan que una transición tutelada podría estabilizar el corto plazo, pero advierten que su sostenibilidad dependerá de la capacidad de generar consensos internos y de ofrecer señales claras de apertura democrática. Sin un calendario electoral confiable y sin reformas institucionales de fondo, el riesgo es que la iniciativa quede limitada a una administración provisional sin legitimidad social.

En el plano internacional, la propuesta también genera debates. Algunos países de la región ven con preocupación el rol dominante de Estados Unidos en el proceso, mientras otros consideran que la tutela externa puede ser una herramienta para evitar un colapso político y económico mayor. En ese escenario, el futuro de Venezuela aparece atado a una compleja negociación donde la estabilidad, la presión internacional y las demandas internas deberán encontrar un delicado equilibrio.