El endurecimiento del control estatal alcanzó de lleno a la prensa, con arrestos, decomiso de equipos y severas restricciones para cubrir la situación política.

En paralelo al despliegue militar, la libertad de prensa quedó seriamente comprometida. En las últimas horas se registraron detenciones de periodistas locales e internacionales que cubrían los acontecimientos posteriores a la captura de Maduro, especialmente en las inmediaciones de organismos oficiales y espacios de concentración política.

Organizaciones de prensa denunciaron que agentes de seguridad retuvieron a comunicadores, confiscaron cámaras y teléfonos celulares y obligaron a borrar material audiovisual. También se reportaron interrogatorios y amenazas veladas para impedir la difusión de imágenes o testimonios sobre la situación en las calles.

El Gobierno justificó las medidas en la necesidad de “preservar la seguridad nacional” y evitar la difusión de información que pudiera “generar zozobra”, aunque sectores opositores y defensores de derechos humanos advirtieron que se trata de una estrategia para controlar el relato y reducir al mínimo la visibilidad de la crisis. La falta de información oficial clara alimenta rumores y profundiza el clima de desconfianza entre la población.