La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, nació con un objetivo central: proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. No se trata solo de paisajes de alta montaña, sino de verdaderos reservorios naturales que garantizan agua para el consumo humano, la producción agrícola y la generación de energía.

Argentina cuenta con miles de cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de la cordillera. Estos glaciares cumplen una función clave: regulan el caudal de los ríos, liberan agua en períodos de sequía y sostienen economías regionales enteras.

En un contexto de cambio climático y crisis hídrica global, debilitar los mecanismos de protección sería una decisión de alto riesgo. La ley no es una traba al desarrollo: es una herramienta para asegurar que el crecimiento no comprometa el recurso más estratégico del país.