La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que refuerza el rol del sistema público de educación superior.

La decisión judicial surge a partir de la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades del país, en defensa de la plena aplicación de la norma sancionada en 2024.

El fallo sostiene que la falta de implementación de la ley afecta directamente derechos fundamentales, como el acceso a la educación y la calidad del sistema universitario, al comprometer salarios docentes, becas y programas de investigación.

De este modo, la resolución marca un nuevo capítulo en la discusión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, y reafirma la centralidad de la educación pública en la agenda institucional.