La aplicación de la ley de financiamiento universitario quedó suspendida de manera provisoria por decisión judicial. La medida se produce en medio de un conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario. El tema continúa generando tensión política y educativa.

El oficialismo argumenta que la norma es inviable sin una fuente de recursos definida. Por eso decidió recurrir a la Justicia para frenar su implementación. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema.

En paralelo, universidades y gremios advierten sobre el deterioro presupuestario. Reclaman una solución urgente ante la crisis del sector. La resolución judicial mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la ley.