El Poder Ejecutivo introdujo cambios en la reglamentación de la reforma laboral a través de decretos que redefinen su aplicación práctica. La decisión complementa la ley aprobada por el Congreso y busca adaptar el régimen laboral a un esquema más flexible.

Entre las modificaciones se destaca la supresión de un tope que incidía en cálculos laborales importantes, lo que podría modificar el resultado de compensaciones o beneficios. Este ajuste se suma a otros cambios vinculados a jornadas laborales, modalidades de contratación y condiciones de trabajo.

El Gobierno argumenta que las nuevas reglas permitirán dinamizar la economía y fomentar la generación de empleo. Sin embargo, especialistas y sectores sindicales alertan sobre posibles consecuencias negativas en la protección laboral y el alcance de derechos adquiridos.