El Gobierno quedó en el centro del debate tras conocerse el monto destinado a operativos de seguridad en manifestaciones de jubilados. Según se informó, la cifra superaría los 2.000 millones de pesos en distintos despliegues. El dato generó cuestionamientos en medio de un contexto económico ajustado.

Las protestas se realizaron principalmente frente al Congreso, donde los jubilados reclaman mejoras en sus ingresos. En cada jornada se registró una importante presencia de fuerzas de seguridad para controlar la situación. Esto derivó en episodios de tensión y fuerte despliegue policial.

El gasto fue comparado con el valor de miles de jubilaciones mínimas, lo que intensificó las críticas. Distintos sectores plantearon que esos recursos podrían haberse destinado a mejorar haberes. La discusión sigue abierta en el plano político y social.